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La Xunta en el proyecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para 2019 (la denomina ley de acompañamiento de los Presupuestos)  crea la figura de las Iniciativas Empresariais Prioritarias (IEP), figura que pretende impulsar determinados proyectos que generen valor añadido en Galicia en áreas de competitividad, internacionalización, protección ambiental, igualdad en el ámbito laboral o conciliación. 

Estas iniciativas tienen que cumplir al menos dos de los siguientes requisitos:

1. Generación de 25 puestos de trabajo indefinidos y a jornada completa.
2. Inversión en activos fijos, excluidos inmuebles, de al menos 2.000.000€.
3. Que se trate de proyectos tractores o que complementen cadenas de valor o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos.

Los proyectos se presentarían al Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y si éste considera que cumple las condiciones trasladará a la Consellería de Economía el expediente a la consellería de Economía quien propondrá al Consello de la Xunta la declaración de IEP.

Esa declaración implicará dar al proyecto un carácter prioritario, la concurrencia de razones de interés público y como consecuencia de ello reducir a a mitad los trámites autonómicos pero a diferencia de otras figuras es necesaria la tramitación municipal para obtener las preceptivas licencias. En este sentido, el proyecto de Ley establece que una vez hecha la declaración de IEP la Oficina de Doing Business Galicia, prevista en la Orden de 14 de enero de 2016 le dará publicidad y hará seguimiento para que a nivel municipal los Concellos asociados a la iniciativa Doing Business reconozcan a su vez ese carácter prioritario y procedan a la tramitación urgente en el ámbito de sus competencias. De lo contrario la Xunta les retirará el título de Concello-Emprendedor Doing Business. Recordemos que el protocolo de actuación ligado a los Concellos Doing Business Galicia implica que los municipios adheridos se comprometen a rebajar impuestos, precios del suelo y a recortar los plazos de tramitación de las solicitudes de licencia de obras.

La Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, que ahora se modificará para incorporar las IEP, nació con la intención de potenciar el asentamiento de empresas en nuestro territorio. Contiene dos grandes líneas de actuación. Por un lado, medidas dirigidas a agilizar el tramitación administrativa, y por otro, con incentivos económicos en los que se quiere hacer partícipes a los ayuntamientos. En realidad, algunas de las medidas que incluyó el texto legal, como es el caso de los desarrollos por fases o los incentivos económicos, ya se estaban ejecutando con anterioridad a su entrada en vigor de la nueva norma.

Para los proyectos sectoriales incluidos en el Plan Sectorial de las Áreas Empresariales de Galicia la Ley 5/2017 prevé que se puedan reducir a la mitad los plazos de información pública y audiencia cuando el Consello de la Xunta aprecie razones de urgencia. Además, se podrán desarrollar y urbanizar por fases cuando la demanda prevista no aconseje acometer un ámbito mayor.

En lo que se refiere a la definición de proyectos singulares, la regulación es similar a la que ya recogía el Decreto 63/15 de 23 de abril por el que se regula el régimen jurídico del suelo empresarial gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), y que permitirá tanto al IGVS como XESTUR la adjudicación directa de terrenos urbanos o sin urbanizar fijando las condiciones de la operación.

En el caso de los proyectos industriales estratégicos, la nueva Ley rebajó los requerimientos exigidos desde los 50 millones de inversión y 250 puestos de trabajo creados, que hasta entonces exigía el Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de febrero que regula las disposiciones legales de la Comunidad en materia de política industrial, hasta los 20 millones de euros de inversión y 100 puestos de trabajo. Esta consideración supone la aprobación por el Consello de la Xunta del proyecto, la no sujeción a licencia municipal, la urgente ocupación de los terrenos, la declaración de incidencia supramunicipal, y la reserva y adjudicación directa de los terrenos.

En materia de incentivos económicos, la Ley de fomento de las iniciativas empresariales incorpora las bonificaciones en los precios, los alquileres de suelo en forma de derecho de superficie con opción de compra, los derechos preferentes para titulares de parcelas contiguas, aplazamientos y carencias. Hay alguna novedad, pero en general se trata de medidas que ya venían los organismos dependietes de la Xunta desde 2014 cuando se decidió apostar por la política de bonificaciones para impulsar las ventas.